Control de acceso

El Nuevo Día

17 de abril de 2013

Podrían revocar controles de acceso
En riesgo urbanizaciones que nieguen el acceso desde hoy a los testigos de Jehová

Por Keila López Alicea / keila.lopez@elnuevodia.com

Las urbanizaciones con acceso controlado en ocho municipios que no les permitan la entrada a los testigos de Jehová podrían enfrentar procesos para quitarles la autorización que les permite instalar portones y verjas en sus vías de acceso.

Hoy se cumple la fecha límite establecida por el juez federal Gustavo Gelpí para que los municipios de Bayamón, Ponce, Dorado, Gurabo, Caguas, Santa Isabel, San Juan y Trujillo Alto entreguen los métodos de acceso necesarios para entrar a las urbanizaciones que no cuentan con guardias de seguridad en sus entradas, indicó Paul Polidoro, abogado de la organización matriz de la congregación, Watchtower Bible and Tract Society de Nueva York.

“Si (las urbanizaciones) no cumplen, el próximo paso de conformidad es que el municipio comience con los trámites de revocación de la autorización (de cierre). Es el municipio el que otorga la autorización y la puede quitar”, indicó el abogado Luis Vázquez, asesor ejecutivo del alcalde de Caguas.

De acuerdo con la orden emitida el pasado 21 de marzo, las urbanizaciones enclavadas en estos pueblos deben entregar al municipio copia de los códigos, beepers o cualquier otro método de acceso que se use para que los testigos de Jehová puedan entrar para realizar sus visitas casa a casa. Les toca a las administraciones municipales demandadas ser intermediarias en el proceso, asegurándose de que las asociaciones de residentes cumplan y le provean a la congregación religiosa un método para entrar.

Los municipios cuyas urbanizaciones no cumplan con la orden serán multados con $100 diarios hasta que demuestren su cumplimiento.

El director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, Pedro A. Crespo Claudio, indicó que las implicaciones de la orden federal serán un asunto por discutirse en las próximas reuniones de la junta directiva y de la matrícula completa.

“Aunque no todos los municipios están en la demanda, básicamente al final del cuento todos van a tener que cumplir. El mismo tribunal le está diciendo al municipio: ‘Tienes que asegurarte de que la urbanización les da acceso y, si no les da acceso, voy a multarte a ti’. En esa función, cuando los municipios dan permiso para el control de acceso, se reservan el derecho de dejarlo sin efecto. Imagino que será la última opción, pero como está la situación financiera, no les va a temblar la mano para echar para atrás un permiso para que no los multen”, señaló Crespo Claudio.

Ayer, funcionarios de varias administraciones municipales aseguraron que están en el proceso de evidenciar su cumplimiento con la orden de Gelpí. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, dijo a través de una portavoz que la mitad de las 51 urbanizaciones que debían responder ya entregaron beepers o códigos de acceso a la División Legal y esperan que las otras lo hagan en los próximos días. La portavoz de Gurabo, Sandra Morales, indicó que ya tienen en sus manos el método de acceso de las 12 urbanizaciones que debían cumplir la orden. Mientras, en Caguas, solo un cuarto de las 23 urbanizaciones ha cumplido, dijo el asesor del alcalde.

Asimismo, la directora de la División Legal del Municipio de Ponce, Carmen E. Torres, señaló que el abogado de la congregación ha avalado el plan de la ciudad y solo propuso un par de cambios.

“Estamos listos para cumplir con la orden del juez”, expresó el alcalde de Dorado, Carlos López, al asegurar que las 20 urbanizaciones cerradas en su pueblo les permiten el acceso a los testigos de Jehová.

El presidente de la Asociación de Residentes de la urbanización La Esmeralda en Caguas, Héctor Sepúlveda, indicó que la semana pasada entregaron al municipio los códigos para entrar al complejo. No obstante, el año pasado ya los habían entregado a los líderes de la congregación que suelen visitarlos.

“Aquí nadie nunca ha tenido problemas para entrar. Siempre hemos tenido un portón de acceso (peatonal) que está abierto”, sostuvo Sepúlveda.

Por su parte, la presidenta de ERS Housing Administration Services, Emely Rodríguez, indicó que no ha recibido quejas por falta de acceso en las cerca de 50 urbanizaciones que administra en los pueblos demandados.